El relato oficial ha vendido la Transición española como un «milagro» de consenso. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos —incluyendo las confesiones tardías de sus propios protagonistas, como Adolfo Suárez— revela una realidad distinta: la Constitución de 1978 no fue el punto de partida de una voluntad popular soberana, sino el cierre de un pacto de élites. Un diseño estructurado para asegurar la continuidad de ciertas instituciones (como la Monarquía) y la creación de un sistema de partidos que, en la práctica, ha secuestrado la participación del ciudadano.
Frente al agotamiento de este modelo, surge la necesidad imperante de un Proceso Ciudadano Constituyente. No una reforma, no un «parche», sino un acto de ruptura democrática para que, por primera vez, el pueblo español decida su destino sin tutelas ni miedos heredados.
Para entender por qué España necesita un proceso constituyente, hay que desmitificar el origen del régimen actual. La Constitución del 78 se redactó bajo la sombra del miedo y la injerencia internacional.
La Monarquía por imposición: La confesión de Suárez sobre el referéndum de la forma de Estado confirma que se hurtó al pueblo el derecho a decidir. Se incluyó la Corona en el paquete constitucional porque las élites sabían que, en una consulta directa, la institución no sobreviviría.
La Partitocracia como herencia: El sistema se diseñó para que los partidos políticos fueran los únicos canales de participación, convirtiéndose en agencias de colocación y gestión de intereses que han anulado la separación de poderes.
Influencias Externas: El diseño del Estado español no fue ajeno a los intereses de la geopolítica de la Guerra Fría y de estructuras de poder internacionales que necesitaban una España sumisa y predecible, más que una democracia vibrante y soberana.
A diferencia de la «cocina» de 1978, donde siete ponentes redactaron el texto a puerta cerrada, un Proceso Ciudadano Constituyente (PCC) es un ejercicio de soberanía primaria. Sus características son radicalmente distintas:
Ruptura, no reforma: Se reconoce que el marco actual está viciado y no permite los cambios que la sociedad exige. Se abre un paréntesis de libertad política.
- Elecciones a Cortes Constituyentes: Se eligen representantes cuya única misión es redactar un nuevo texto. Estos representantes no deben ser los mismos partidos que hoy controlan el Estado.
- Deliberación Popular: Se establecen mecanismos para que la sociedad civil (asociaciones, académicos, colectivos vecinales…) debata punto por punto: modelo de Estado, sistema económico, justicia y derechos.
- Referéndum Decisorio: El texto resultante se somete a votación, pero tras un proceso de información real, no bajo el chantaje del «o esto o el caos».
El objetivo no es cambiar un papel por otro, sino cambiar la estructura de poder en España.
1. La Separación Real de Poderes
El mayor cáncer del sistema español es que el Poder Judicial y los órganos de control están en manos de los partidos. Un PCC permitiría establecer que los jueces elijan a sus órganos de gobierno y que el poder ejecutivo no pueda interferir en la fiscalización de sus actos.
2. El Fin de las Listas Cerradas
El actual sistema electoral obliga al ciudadano a votar «bloques» decididos por las cúpulas de los partidos. Un proceso constituyente buscaría la representación directa, donde el diputado responda ante sus electores y no ante el líder de su partido.
3. La Cuestión de la Jefatura del Estado
Es imperativo que los españoles decidan, mediante voto secreto y directo, si quieren una Monarquía o una República. Solo así la jefatura del Estado tendrá una legitimidad que no emane de un pacto de despacho de hace 45 años.
4. Blindaje de la Soberanía frente a las Élites
Redactar una Constitución desde la ciudadanía permite poner límites a las injerencias externas y a los mercados financieros, protegiendo los bienes comunes (agua, energía, vivienda) como pilares innegociables de la nación.
Un proceso de esta magnitud sacudiría los cimientos de la apatía nacional.
Responsabilidad Ciudadana: Al participar directamente en la creación de las leyes, el español deja de ser un «súbdito» o un «cliente» de los partidos para convertirse en un ciudadano. Esto eleva la exigencia ética y la vigilancia sobre lo público.
Limpieza Institucional: Al cambiar las reglas de juego, se desmantelan las redes clientelares que han sangrado el presupuesto público durante décadas.
Estabilidad Real: La estabilidad no es el silencio impuesto o el bloqueo institucional; la verdadera estabilidad nace de un contrato social que la mayoría siente como propio y justo.
El «Régimen del 78» ha cumplido su ciclo. Mantenerlo por inercia o por miedo solo profundiza el desgaste de España y su irrelevancia internacional. Un Proceso Ciudadano Constituyente es el acto de salud democrática que el país necesita para sacudirse la partitocracia y las herencias impuestas.
Es hora de que la palabra «soberanía» deje de ser un término hueco en el artículo 1.2 de una Constitución tutelada, para convertirse en la herramienta con la que los ciudadanos españoles tomen, por fin, las riendas de su propia historia.