I. Soberanía, libertad e independencia individual y colectiva:

Todos los seres humanos son libres e independientes por naturaleza, y la convivencia en sociedad debe garantizar tanto la libertad individual como la independencia colectiva. Reconocemos la ley natural como fundamento superior: la vida, el cuerpo, la tierra y la conciencia obedecen a leyes naturales previas y superiores a cualquier marco impuesto. Cualquier norma que vulnere la dignidad o la autonomía humana pierde legitimidad.

La libertad individual es nuestro valor fundamental, esencial para el desarrollo de la vida humana en dignidad. Por eso, apoyamos la derogación de cualquier acuerdo o tratado internacional que vulnere el derecho a decidir sobre la salud y la libertad individual.

La soberanía alimentaria es condición indispensable de libertad. Un pueblo que no controla su alimentación es dependiente, vulnerable y esclavizado. La destrucción del campo español es una forma de dominación. Por ello, defendemos el mundo rural, la tierra y el conocimiento tradicional, entendiendo que la tierra no es mercancía, sino sustento, cultura y continuidad.

Proponemos la recuperación y revisión del sector primario, incluyendo agricultura, ganadería, pesca, alimentación y modelo turístico nacional. Apostamos por la explotación responsable de los recursos autóctonos, creando un modelo que enriquezca el mundo rural y la España vaciada, y potencie los recursos turísticos vinculados a la biodiversidad.

Proponemos la creación de una política hidráulica nacional, acompañada de un plan de reforestación autóctona y medidas de protección y conservación de la flora y fauna nativas, garantizando un desarrollo sostenible y respetuoso con nuestro territorio.

Se establecerá como modelo de producción en España la agricultura y la ganadería sostenibles, basadas en la permacultura, la agricultura biodinámica y las prácticas ecológicas y responsables de cultivo y producción ganadera, así como en el aprovechamiento del cáñamo industrial para la limpieza y rehabilitación del suelo. Estos modelos serán los únicos permitidos por su contribución a la recuperación de la tierra y a la salud alimentaria de la población. Las ayudas públicas se destinarán exclusivamente a quienes adopten estas prácticas, impulsando una producción local, sana y sostenible.

II. Rechazo al régimen del 78:

Rechazamos el régimen del 78 y abogamos por el autogobierno del pueblo español. La soberanía de España reside únicamente en la nación. Rechazamos el Estado de las autonomías y defendemos la separación de poderes y la independencia judicial.

La Constitución de 1978 debe ser disuelta de inmediato y sustituida por un nuevo acuerdo que refleje la voluntad y el autogobierno del pueblo, creado por un comité de profesionales expertos. Rechazamos la falsa representación a través de partidos políticos, sindicatos y la monarquía, que forman parte del entramado que sostiene el sistema actual y no representa al pueblo. Por ello, estas instituciones deben ser disueltas.

Los representantes políticos, sindicales y de la jefatura del Estado deberán ser despojados de privilegios y sueldos y responder ante tribunales militares por traición a la nación y crímenes de lesa humanidad. Aquellos que hayan usurpado recursos públicos deberán restituirlos al pueblo mediante devolución, servicio a la comunidad o penas de prisión. Rechazamos la prescripción de delitos políticos, crímenes de corrupción o actos que hayan dañado a la nación.

Rechazamos todos los acuerdos políticos que condenen a España a la dependencia de normas o tratados que destruyan la producción nacional o degraden la salud y libertad colectivas. Todas las decisiones que afecten a la vida, la economía, la alimentación y la salud deben ser tomadas por los españoles formados e informados, mediante referéndum.

Por ello, rechazamos cualquier agenda política que no sea elegida por los españoles formados e informados, incluyendo la agenda transhumanista 2030-2045 y todas las impuestas de manera ilegítima desde la Segunda Guerra Mundial. Denunciamos el secuestro de España por una minoría de poder supeditada a élites criminales, cuyas decisiones no buscan el bien común.

No reconocemos la autoridad ni legitimidad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegida por los españoles formados e informados para gobernar la nación ni regular la vida en sociedad.

Proponemos un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución y la reforma de la ley electoral. Defendemos:

• Plena separación de poderes, garantizando que el legislativo no dependa del ejecutivo.
• Independencia judicial.
• Revisión del Senado, de la estructura de diputaciones, cabildos y consejos insulares.
• Revisión del método de elección de jueces y fiscales.

Rechazamos cualquier ideología independentista o separatista, promoviendo la unidad nacional frente a la fragmentación político-administrativa que ha llevado a la situación actual. Consideramos que los partidos políticos, sindicatos y todos los actores políticos actuales carecen de legitimidad para intervenir en la toma de decisiones de los órganos de control del Estado. Por ello, deben quedar excluidos de estas funciones.

Defendemos la supresión de todos los tratados y acuerdos que hayan perjudicado los intereses del pueblo español, priorizando siempre los intereses de la sociedad española por encima de cualquier agenda política, imposición globalista o nuevo orden mundial.

III. Políticas de inmigración y defensa de los intereses del pueblo español:

Rechazamos las políticas de inmigración implementadas hasta ahora en España, ya que han perjudicado gravemente los intereses del pueblo español.

Impiden la defensa de la soberanía nacional, el control sobre nuestras fronteras y promueven inmigración masiva no integrada. Como declaró Hungría “La migración no es un derecho humano, es una decisión política”.

Promovemos la supresión de todos los tratados y acuerdos internacionales que atenten contra la soberanía y los derechos de los ciudadanos españoles, incluyendo el Pacto Mundial para la Migración (Pacto de Marrakech, 2018), el Tratado de Schengen, el Sistema Europeo de Asilo (SECA), Acuerdos bilaterales mal aplicados con países africanos, el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, adoptado en mayo de 2024 por el Consejo de la Unión Europea. 

No reconocemos la legitimidad de Frontex ni del sistema Eurodac, al considerar que sus actuales mecanismos priorizan la protección administrativa del inmigrante por encima de la seguridad y la soberanía del Estado receptor.

Estos instrumentos limitan la capacidad plena de control fronterizo y no permiten su utilización efectiva para la investigación de delitos comunes, la realización de cribados preventivos ni el cruce automático de datos con antecedentes penales, comprometiendo así la protección de la población y el orden público.

Los tratados internacionales obligan indirectamente a facilitar la entrada ordenada o el reconocimiento de derechos de inmigrantes. La pertenencia al espacio Schengen hace que España no tenga frontera completamente controlada de forma unilateral. La armonización de normas de asilo limita la capacidad de decidir internamente qué políticas aplicar de manera estricta.

Asimismo, se derogarán todas las nacionalidades que se han otorgado a ciudadanos de países que no comparten las tradiciones y cultura de España. Se aplicará la misma medida a países que no mantengan acuerdos de reciprocidad efectiva, protegiendo así los intereses nacionales y la integridad cultural de la sociedad española.

IV. Educación y formación integral para la cohesión, la igualdad de oportunidades y la defensa del bien común:

Defendemos una reforma profunda del sistema educativo orientada al futuro de la nación española, que garantice la igualdad real de oportunidades y elimine las barreras laborales y territoriales en el acceso a la educación, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria y la formación profesional.

El sistema educativo debe ser común, cohesionado y accesible en todo el territorio nacional, evitando desigualdades regionales y asegurando que todos los jóvenes reciban una formación de calidad basada en el conocimiento, la responsabilidad y el servicio a la sociedad.

Proponemos la incorporación de programas educativos desde Educación Primaria, inspirados en las enseñanzas y valores del movimiento Scout orientados al desarrollo de oficios diversos, capacidades prácticas, disciplina personal y trabajo en equipo, incluyendo formación básica en autosuficiencia, primeros auxilios, orientación y supervivencia, así como en cooperación, liderazgo y conciencia del valor de la defensa de la nación.

Esta formación no tendrá únicamente un carácter profesional, sino también cívico y humano, fomentando la responsabilidad individual, el respeto, la fortaleza emocional y el compromiso con la comunidad.

Asimismo, se impulsará un itinerario específico de bachillerato militar para aquellos jóvenes que deseen orientarse profesionalmente hacia las Fuerzas Armadas, integrando formación académica con preparación física, ética y técnica.

El objetivo de estas políticas educativas es formar ciudadanos libres, preparados, conscientes de su papel en la sociedad y capaces de contribuir activamente a la defensa, el bienestar y la continuidad de la nación española.

V. Rechazo del Nuevo Orden Mundial y defensa de la soberanía nacional:

Después de la Segunda Guerra Mundial no apareció una sola “agenda”, sino una cadena de marcos políticos, económicos y estratégicos internacionales que han ido configurando el orden global actual. Algunas nacieron con objetivos de reconstrucción y cooperación; otras han terminado influyendo directamente en la soberanía de los Estados, en la economía, en la salud, en la educación y en la migración.

Rechazamos de forma absoluta el llamado Nuevo Orden Mundial y todas las medidas derivadas de las distintas agendas políticas desarrolladas desde la Segunda Guerra Mundial que han vulnerado la soberanía de los pueblos y el derecho de los ciudadanos a decidir su propio destino como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la OMS, la OTAN, la UNESCO, la FAO, la UE, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Agenda 2030, Agenda climática, Agenda digital, Agenda de bioseguridad, Agenda transhumanista…

Todas estas estructuras y programas representan un ataque sistemático a la soberanía de España y de otros Estados, imponiendo normas, tratados y políticas que reducen la libertad de decisión nacional, condicionan la economía, la migración, la salud, la educación y la cultura, y establecen un control supranacional sobre los ciudadanos sin su consentimiento. Estas medidas constituyen un crimen contra los pueblos, al subordinar sus intereses y derechos fundamentales a agendas externas, vulnerando la autodeterminación, destruyendo la autonomía económica y social, y debilitando la capacidad de los Estados para proteger a sus ciudadanos y preservar su identidad, cultura y bienestar colectivo.

Rechazamos las políticas de inmigración masiva e incontrolada, así como las prácticas de geoingeniería climática, la destrucción de pantanos y presas, la gestión negligente o maliciosa de los montes y los tratados internacionales sobre pandemias que suponen una cesión de soberanía y un perjuicio para la población.

Defendemos la salida de la Unión Europea, el cierre efectivo de las fronteras nacionales y la no injerencia en asuntos internos de otros Estados. Promovemos igualmente la salida de la OTAN y el rechazo absoluto de la deuda externa por considerarla ilegítima, al haber sido contraída sin el consentimiento del pueblo español y en contra de sus intereses.

Asimismo, afirmamos un compromiso prioritario con la protección y el cuidado de los niños, de las personas mayores y de las personas con discapacidad, garantizando su seguridad, dignidad y bienestar. Defendemos la revalorización de las pensiones públicas conforme a la inflación real y al incremento del coste de la vida, así como la protección efectiva de las situaciones de discapacidad e invalidez, asegurando condiciones de vida justas y estables para quienes han sostenido y sostienen la sociedad.